Hace
ya algún tiempo, el gobierno viene haciendo declaraciones que resaltan la
intención de luchar contra el contrabando. Idea acertada, sin duda, aunque
suelen presentarse diferentes criterios y puntos de vista en cuanto a la forma
en que debe ser implementada.
El
pasado fin de semana, se anunció el incremento del arancel (impuesto a la
importación) de algunos productos (leche, café, calzados y algunos otros) como
una forma de proteger a la industria nacional. La idoneidad de la medida es
discutible, pero no es ése el tema que se analizará en estas líneas.
Lo
que sí deseo comentar son las declaraciones que al respecto hicieron el
Vicepresidente del Estado Plurinacional y el Ministro de Desarrollo Rural y
Tierras. César Cocarico dijo que la medida “busca proteger la industria
nacional y reducir el ingreso de productos de contrabando, porque daña la
economía”, mientras que Álvaro García declaró que “la elevación de los
aranceles de importación de los productos que afectan a la economía también se
enmarca en la lucha contra el contrabando, un flagelo y un cáncer terrible”.
Si
reparamos en que el contrabando, según la Ley General de Aduanas es el “Ilícito
aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero
nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier
medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana”, resulta fácil
deducir que quienes incurren en este delito buscan evadir el control aduanero
para así evitar pagar el arancel de importación (y otros impuestos, como el IVA
y en algún caso el IEHD y el ICE).
Entonces,
al subir los aranceles para algunos productos ¿se espera que el contrabandista de
esos bienes que ahora delinque para evitar el pago del arancel actual, mañana deje
de hacerlo y acepte pagar un arancel mayor? Absurdo. La lógica indica que si se
quiere desincentivar al contrabando, lo que debe hacerse es rebajar o eliminar
los aranceles, así el delito será menos atractivo en términos económicos, en
cuanto la práctica del contrabando representaría un ahorro menor respecto a
importar legalmente la mercadería.
No
en vano el empresariado nacional en más de una oportunidad se pronunció a favor
de eliminar los aranceles a todos los productos que no se produzcan en Bolivia,
como una forma de luchar contra el contrabando. Incrementar los aranceles y
pensar que esta medida disminuirá el contrabando no tiene el menor sentido.
Entonces,
soslayando por ahora el análisis sobre la conveniencia (o no) de incrementar
aranceles para proteger la industria nacional, y considerando la propuesta
citada en el párrafo precedente, parece pertinente preguntarse sobre el impacto
económico del alza o disminución de los aranceles a la importación.
Repasando
datos oficiales de la Aduana Nacional de Bolivia del año 2014, se aprecia que,
en términos porcentuales, el GA (Gravamen Aduanero o arancel a las importaciones)
representa solamente el 20% del total de las recaudaciones aduaneras sobre las
importaciones. Por otra parte, el IVA representa el 73% de dichas
recaudaciones. En el hipotético caso de que se busque luchar contra el
contrabando eliminando el arancel para los productos que no se fabriquen en
Bolivia, el impacto en las recaudaciones no sería mayor al 20%. Cabe, además,
presumir que algunos actuales contrabandistas, al ver disminuido su ahorro por
no declarar sus operaciones a la Aduana, optarían por ingresar su mercadería al
país de forma legal, y aunque no pagarían el arancel de importación, sí
pagarían el IVA, lo que haría que la disminución real en la recaudación sea
menor al porcentaje arriba mencionado, que de hecho no llegaría ni al 20%
considerado, pues no se eliminaría el arancel para todos los productos.
Me
permito sugerir al lector que nos animemos a ver un poco más allá de la simple
eliminación de aranceles para los productos que no se fabriquen en nuestro país.
¿Por qué otorgar arancel cero a proveedores extranjeros sin pedir nada a
cambio? Lo más lógico sería pedir un tratamiento similar a los países de los más
se importa y obtener así, por reciprocidad, arancel cero para las exportaciones
bolivianas hacia esos países. Es decir, firmar tratados de libre comercio con
esos países. De esa manera, sí se quitaría un incentivo al contrabando, y
además se obtendrían ventajas para nuestro sector exportador.
Es
cierto que la firma de acuerdos comerciales de libre comercio requiere de un
trabajo previo intenso, que en lo posible garantice que el acuerdo final sea
favorable a los intereses nacionales (para eso deben identificarse a los socios
potenciales, productos sensibles, grados y curvas de desgravación, negociación
de sub-partidas arancelarias y sus porcentajes de preferencia, etc.), pero ese
trabajo redundaría efectivamente en ventajas para nuestro país.
Se
debe recordar que un tratado de libre comercio elimina solamente el pago de
aranceles, y no el de los otros impuestos que gravan a una importación
(recordemos la importancia del IVA en las recaudaciones aduaneras). No en vano
se suele decir con algo de ironía que la mayor expresión del libre comercio es
el contrabando, pues éste elimina el pago de todos los impuestos a la
importación, e incluso evita el registro de la operación por parte de las
aduanas.
Coincido
con el señor Álvaro García en que el contrabando es un flagelo. El país merece
que se busque la mejor forma de luchar contra él.
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